Acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar respecto del deber de debida diligencia de las comisarías de familia, juzgados de familia y Fiscalía General de la Nación

El siguiente trabajo de investigación surge de la necesidad de abordar el problema del acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, evidenciando las barreras a las cuales se enfrentan al momento de acudir a los órganos judiciales, específicamente, las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y Fiscalía General de la Nación, impidiendo con ello, un efectivo acceso a la justicia por parte de estas. El acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que se ha consagrado y desarrollado ampliamente en la normatividad nacional e internacional, así como en los diferentes fallos de las altas cortes nacionales e internacionales que, haciendo uso de facultad de discrecionalidad, han ido más allá de los preceptos normativos existentes. Este derecho que tiene a su vez el carácter de universal, durante mucho tiempo fue, como los demás derechos humanos, ajeno a la realidad de las mujeres al no ser estas consideradas como ciudadanas. Sin embargo, esta exclusión histórica fue superándose paulatinamente gracias al reconocimiento y avances que ha tenido el derecho a la igualdad sexual en el ámbito formal y normativo, logrando con ello que los diferentes sistemas jurídicos del mundo reconocieran a la mujer como un sujeto social y político. El reconocimiento jurídico que se ha tenido de los derechos de las mujeres ha hecho que a nivel internacional y nacional se den importantes avances en la regulación e implementación de medidas que contribuyan a disminuir la discriminación sexual sufrida por estas en todos los ámbitos. Estos avances se han materializado en la promulgación de Convenios y Tratados Internaciones que tienen como único fin, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de estas en todos los ámbitos, incluyendo dentro de estos, la forma en que las mujeres acceden a la administración de justicia. No se pueden obviar los notables avances que se han dado materia de derechos de las mujeres, incluyendo dentro de estos, el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, sin perjuicio de estos avances, el acceso de las mujeres a la justicia sigue teniendo infinidad de barreras que imposibilitan cada vez más la satisfacción de este derecho, barreras que van más allá del ámbito formal del derecho. Así pues, a pesar de los avances que en materia normativa se han dado sobre este derecho y en general, sobre los derechos de las mujeres, el acceso a la administración de justicia sigue experimentando una serie de obstáculos que imposibilitan la consecución de este y que, en gran medida, responden a la omisión por parte de las autoridades de actuar con la debida diligencia al momento de adelantar y abordar un caso en el que una mujer haya resultado víctima de violencia intrafamiliar. Esta omisión por parte de los operadores encargados de administrar justicia se debe en gran medida, a la ausencia de formación de estos respecto de los instrumentos, herramientas y normatividad existente en materia de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como de conceptos teóricos básicos que son de gran ayuda en el entendimiento de las situaciones estructurales que contribuyen y generan gran parte de las violencias sufridas por las mujeres. De igual forma, este desconocimiento y omisión de las autoridades encargadas de administrar justicia, trasgrede una de las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de acceso a la justicia que se refiere al deber de debida diligencia que deben tener los operadores de justicia en los casos de violencia basada en género, logrando con ello que muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencias, opten por no denunciar o por, una vez realizada la denuncia, desistir del proceso por el maltrato y la revictimización que sufren en los estrados judiciales. Así, la presente investigación pretende evidenciar la situación jurídica problémica de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que optan por acudir a los órganos judiciales y que terminan siendo revictimizadas por la negligencia y desconocimiento por parte de la institucionalidad, específicamente de funcionarios de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, de instrumentos nacionales como la Ley 1257 de 2008 e internacionales, como la Convención CEDAW y la Convención Belén do pará. Instrumentos que establecen medidas y herramientas de prevención, protección, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, y que a su vez, prevén una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de adelantar un caso de violencia de género. Por lo anteriormente mencionado, en esta investigación, se abordará el derecho de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva de género que reconoce la situación de desventaja de las mujeres debido a su género y, a su vez, evidencia la necesidad de formar e implementar diferentes herramientas que contribuyan en la prevención, sanción y erradicación de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Para el abordaje de este derecho fundamental, es fundamental hacer alusión a las previsiones normativas, constitucionales y doctrinales que hay sobre este, en especial, los desarrollos existentes sobre la administración de justicia con perspectiva de género y los efectos de esta, en el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Esto, con el fin de determinar si la omisión del deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y Fiscalía General de la Nación impiden el efectivo acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El objetivo de esta investigación es analizar el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, respecto del cumplimiento del deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, para con ello determinar si esto tiene implicaciones en el escalamiento del ciclo de violencias en contra de las mujeres generando con ello una revictimización. Para lograr el objetivo anteriormente planteado, en primera medida se revisarán los estándares internacionales y nacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Posterior a ello, se definirá conceptualmente el acceso a la administración de justicia desde la doctrina y la teoría crítica feminista. Finalmente, se procederá a definir y examinar la relevancia de la omisión al deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y de la Fiscalía General de la Nación en la intensificación del ciclo de violencias. Esto se hará mediante el análisis de fallos proferidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de justicia. El presente trabajo de investigación tiene un enfoque teórico que se complementa con un análisis jurisprudencial de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, para lo cual, el proceso de investigación se abordará de la siguiente manera: En un primer momento, el objeto de estudio de esta investigación se abordará desde una revisión de los referentes jurídicos nacionales e internacionales con el fin de evidenciar los estándares existentes sobre la prevención, investigación, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, así como los diferentes instrumentos que existen para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Acto seguido, se realizará un abordaje teórico del objeto de investigación por medio de la revisión de literatura existente sobre la definición conceptual del derecho de acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta los aportes realizados por diferentes corrientes teóricas antiformalistas como el movimiento florentino de acceso a la justicia y el movimiento Law and Society surgido en los Estados Unidos. Posteriormente, se hará una inmersión desde la teoría crítica feminista del derecho, a la definición tradicional de acceso a la administración de justicia para posteriormente desarrollar el concepto de acceso a la administración de justicia con perspectiva de género desde los postulados de diferentes autoras feministas. En ese orden de ideas, la presente investigación ahondará en las definiciones conceptuales, teóricas y normativas que se han hecho del derecho de acceso a la administración de justicia para con ello, evidenciar las omisiones que se están presentando por parte de los operadores encargados de la administración de justicia al momento de abordar casos de violencia intrafamiliar. Para lo anterior, se analizarán dieciséis casos que hayan tenido fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y en la corte Constitucional en materia de violencia intrafamiliar, con el fin de identificar las barreras que enfrentan las mujeres al momento de acceder a la justicia, y cómo estas barreras son en gran medida resultado de la omisión del deber de debida diligencia de los operadores encargados de administrar justicia. Para la consecución de lo anterior, las fuentes empleadas en la presenta investigación son de tipo documental, algunas teóricas y otras jurisprudenciales, encontrándose la primera de estas, en diferentes textos de autoras feministas que han abordado el derecho de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva feminista. Por su parte, la jurisprudencia analizada, se centra en los fallos proferidos en la sala penal y civil de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional. 4. Hipótesis Con el ánimo de garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, las instituciones estatales que conocen los casos de violencia intrafamiliar, específicamente las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, deben hacer uso de las herramientas previstas en la normatividad existente para la protección de los derechos humanos de las mujeres, Lo anterior, en el entendido de que, en muchos casos, la ausencia de respuesta institucional que supone a su vez, la omisión de los deberes que el Estado tiene en materia de investigación, tratamiento y sanción de los procesos de violencia de género, se convierta en una nueva forma de victimización que hace que, en muchos casos, la violencia ejercida contra estas se mantenga e incluso incremente.Universidad Libre – Facultad de Derecho -- Derech

Análisis sobre las características del sistema procesal penal colombiano

Este documento es el resultado de la investigación, adelantada en la Universidad Libre bajo la dirección del docente Alfonso Daza González, en la línea de investigación “Garantías procesales” del grupo de investigación denominado “Derecho Penal, Derecho Disciplinario y Derechos Humanos” . En calidad de auxiliares de investigación, y como autores del capítulo asignado, se relacionan a continuación las siguientes estudiantes de la Maestría en Derecho Penal: • Olga Lucía Becerra Dorado. • Ana Catherine Quintero Cuéllar. • Paula Andrea Ocampo Gómez. En esta investigación abordaremos el estudio del Sistema Procesal Penal colombiano adoptado con el Acto Legislativo 03 de 20022 : acusatorio , a fin de demostrar que el sistema reglamentado por la Ley 906 de 20044 no cumple en su integridad con las características de este modelo procesal, o dista de serlo, porque conserva instituciones propias del sistema inquisitivo : i) proliferación de recursos tanto en las audiencias preliminares como en las del juicio oral , ii) indicación del sentido del fallo por parte del juez de conocimiento y iii) procedencia del recurso de apelación contra las sentencias absolutorias . A esta situación debemos agregarle la disyuntiva que se nos presenta hoy con la existencia de la acción privada, en la Ley 1826 de 2017, “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado” , la cual se opone al concepto público que debe tener la acción penal

Criminalidad juvenil: Privación de la libertad y principio pedagógico en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia

El ámbito de la justicia juvenil y, concretamente el sistema de responsabilidad penal para Adolescentes (SRPA) aplicable en Colombia, plantea como finalidad propia el carácter pedagógico, específico y diferenciado frente al sistema penal de adultos. Para lograr este cometido y garantizar a los adolescentes que ingresan al sistema la protección integral, es necesario que todas las sanciones en general y la privación de libertad en particular, garanticen su finalidad protectora, educativa y restaurativa, conforme lo establece el código de infancia y adolescencia (CIA). La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la finalidad pedagógica de la sanción de privación de libertad en el SRPA en Colombia. Para poder avanzar en este propósito, se considera necesaria la reflexión sobre el principio pedagógico, reconociendo el aporte de la pedagogía social, concretamente su acción especializada en contextos de juventud y riesgo. Las consideraciones teóricas tenidas en cuenta, parten del estudio sobre las teorías explicativas de la criminalidad juvenil que intentan profundizar los fenómenos asociados a aquellos jóvenes que cometen delitos a temprana edad; actitudes que pueden ser transitorias por su condición de menores, o convertirse en conductas persistentes a lo largo de la vida; planteamientos que se presentan desde la criminología del desarrollo y enfatizan la importancia de variables como el sexo y la edad en este tema. El análisis investigativo profundiza en la caracterización criminológica y socioeducativa de los adolescentes en conflicto con la ley (¿quién llega al SRPA?), en la privación de la libertad en el SRPA (¿cuál es la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes?) y, por último, en la eficacia del SRPA en relación con el principio pedagógico de la sanción de privación de libertad (¿responde el sistema a un modelo socioeducativo y sociopedagógico para los adolescentes privados de la libertad?). Son estos los aspectos fundamentales para este estudio. Así mismo, la investigación propone la comprensión de los sistemas de justicia juvenil y los distintos modelos que cada Estado pueda desarrollar, de acuerdo a la concepción de política criminal que consideren viables desde su realidad, inspirados todos ellos en la Convención de los Derechos del Niño (1989) como principal instrumento de derecho internacional en materia de justicia juvenil y garantía de derechos. El Estado Colombiano asumió el modelo de responsabilidad penal propuesto en el SRPA (ley 1098 de 2006, libro II), el cual presenta todo lo pertinente a los adolescentes en conflicto con la ley penal y, establece las distintas fases del proceso judicial: investigación, juzgamiento y sanción; de manera especial frente a la privación de libertad en los Centros de Atención Especializada (CAE), en donde es el escenario propuesto para desarrollar una adecuada intervención oportuna y especializada. La realidad muestra que una cosa es la declaración implícita que hace el sistema de su finalidad pedagógica y, otra es la materialización en su aplicación. El proceso de investigación presenta el planteamiento del problema y su justificación desde los marcos epistemológicos y disciplinares internacionales y nacionales, a partir de una perspectiva crítica desde las teorías filosóficas, jurídicas, antropológicas, sociológicas y pedagógicas. El diseño metodológico, tiene presente la coherencia entre todas las partes del estudio, con trazabilidad entre los aspectos teóricos, metodológicos, analíticos y propositivos, entre la pregunta problema, los objetivos, la metodología, que se hace transversal en los temas analizados en los resultados y el abordaje de las conclusiones y las recomendaciones. La metodología multimétodo favorece la comprensión del fenómeno desde la complejidad de la realidad, que se concreta en las técnicas utilizadas (encuesta, entrevistas y grupos de discusión). Esta riqueza metodológica (analítica e interpretativa), permite la finalidad de la descripción, con la comprensión de fenómenos multicausales e interdisciplinares, es por eso que se alimenta en el trabajo, el enfoque sociojurídico, con el socioeducativo; permitiendo dar la pertinencia a la naturaleza científica del objeto de estudio. Igualmente, en el diseño metodológico, se tiene en cuenta la participación de todas las audiencias principales implicadas (operadores del sistema, Academia, población de adolescentes infractores de la ley), permitiendo extender a nivel territorial y poblacional, una muestra que permita de una forma más integral, conocer desde las diferentes voces y vivencias, el ámbito de la justicia juvenil y concretamente el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) aplicable en Colombia. El dato cuantitativo, segregado por sexo (que avanza en el abordaje de los enfoques diferenciales), otorga la posibilidad de describir el fenómeno a nivel nacional respecto a los perfiles criminológicos y socioeducativos de la criminología juvenil; la privación de la libertad en el SRPA y la eficacia del sistema. El análisis cualitativo; aporta un alto valor subjetivo y comprensivo al fenómeno, avanzando y superando las grandes dificultades que se evidencia para que se otorguen los consentimientos y permisos de participación en las investigaciones de las y los adolescentes que se encuentran privados de la libertad. Prosigue a la parte metodológica la propuesta de la pedagogía social, la cual responde a lo encontrado y a la imperiosa necesidad de resignificar el sistema, con la propuesta de un trabajo trans y multidisciplinar, con la finalidad de asegurar la intervención que un adolescente privado de la libertad requiere y que es deber del Estado hacerlo de la mejor manera. La investigación consta de tres grandes componentes temáticos: (i) caracterización criminológica y socioeducativa de adolescentes en conflicto con la ley, (ii) SRPA en Colombia y privación de la libertad y, (iii) eficacia del SRPA en relación con el principio pedagógico de la sanción de privación de libertad. Dichos componentes se desglosan en ocho partes, así: (i) aspectos preliminares, (ii) marco teórico referencial, (iii) antecedentes investigativos, (iv) marco metodológico, (v) análisis y discusión de resultados, (vi) conclusiones y recomendaciones, (vii) referentes bibliográficos y, (viii) apéndices. De manera concluyente, el proceso reafirma el reconocimiento imperativo de la protección integral de los adolescentes sancionados en el SRPA con privación de libertad. Así mismo, destaca la finalidad pedagógica de esa sanción, precepto que está en armonía con la sociedad contemporánea y con las tendencias de intervención que el mundo globalizado exige. Se ofrecen también los hallazgos en términos de líneas de acción (recomendaciones) las cuales permitan reconocer las prácticas exitosas a nivel internacional, nacional y regional; con lo cual se manifiesta una contribución significativa hacia la cualificación del sistema y a su urgente necesidad de hacer transversal en todo el SRPA el principio pedagógico; fundamento que hace posible el interés superior del adolescente, el respeto total a sus derechos y al desarrollo holístico (físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social) de su persona. El trabajo arroja reflexiones y hallazgos relevantes para el debate jurídico sobre un tema de especial significado para la sociedad como es el referente a la criminalidad juvenil, en situación de privación de la libertad, analizando la legislación existente y las distintas realidades que inciden en su aplicación e interpretación, a fin de posibilitar la aplicación del enfoque de protección integral propuesto en el CIA. Uno de los aportes más significativos de esta investigación, gira en torno a destacar la importancia del principio pedagógico como un elemento esencial en la ejecución penal de adolescentes. Ello es constitutivo de la sanción, ya que el SRPA como sistema especializado de justicia, entiende la perspectiva de derechos humanos, diferencial y de ciclo vital para poder sancionar a los adolescentes infractores. La normativa y el SRPA, propugna un sistema pedagógico, específico y diferenciado a las características del estatuto científico que la criminología debe apropiar para garantizar la efectiva y adecuada intervención en la etapa de desarrollo adolescente. Entonces, no es por casualidad, que precisamente se enfatice en el principio pedagógico de la sanción, que nace de la posibilidad de cambio y mejora vinculada a la educabilidad del ser humano. La investigación propone nuevas perspectivas de trabajo en el campo de la intervención sociojurídica y socioeducativa con adolescentes infractores de la ley penal, especialmente quienes se encuentran en situación de privación de libertad y su abordaje desde las buenas prácticas. Finalmente, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, tal como pasa en otros sistemas de justicia juvenil en América latina y Europa, la relación entre el marco general del modelo de responsabilidad y el modelo pedagógico y restaurativo generan tensión y conflicto, causando serias dificultades entre las que sobresalen la ausencia de una praxis restaurativa y la persistente visión punitiva del sistema frente a la sanción.Universidad Libre – Facultad de Derecho - Doctorado en Derech

Justicias bastardas: estudio sobre la administración de justicia de la guerrilla de las FARC en el suroriente colombiano

La siguiente tesis explora la administración de justicia de la guerrilla de las FARC en el suroriente colombiano a través de la caracterización de su sistema normativo, el proceso de selección de los conflictos justiciables y las prácticas de justicia por medio de las cuales le dan trámite a las disputas entre los miembros de la población civil. A través de la identificación de las deficiencias en la oferta de justicia estatal, se busca mostrar la manera en que el grupo armado ha asumido distintos roles que históricamente le han correspondido al Estado en aquellas zonas periféricas en las que el derecho ordinario no alcanza a llegar. Metodológicamente se ha optado por realizar un estudio de caso con el fin de analizar las múltiples relaciones que se dan entre la guerrilla y la población civil en un territorio y tiempo determinados. Con el fin de no generalizar las consecuencias del conflicto armado, nos hemos decantado por algunas de las zonas con mayor presencia histórica guerrillera, a saber: algunas regiones de los departamentos del Meta y el Guaviare, todas estas con alto dominio territorial por parte del Bloque Oriental y el Bloque Sur de las FARC. Temporalmente se privilegiaron los hechos acontecidos en el 2016, año de transformación del fenómeno si se tienen en cuenta los diálogos de paz adelantados entre el grupo armado y el gobierno nacional, lo que no obsta para que en el desarrollo de la tesis se haya tenido en cuenta el amplio marco histórico en el que se desarrolla el conflicto y se haya hecho uso de datos que van desde el 2005 hasta la fecha señalada. Las técnicas metodológicas privilegiadas para la obtención de información fueron entrevistas semiestructuradas, estructuradas y observación participante. La información recolectada fue complementada y contrastada con datos proporcionados por el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y una encuesta realizada en campo. Asimismo, se tuvo en cuenta material escrito producido por la propia guerrilla, información de prensa y entrevistas realizadas por investigaciones antecedentes. Todo lo anterior buscando realizar una triangulación intrametodológica. El objetivo que guió la investigación puede dividirse en un fin académico, uno disciplinar y otro político. El objetivo académico consistió en realizar un esfuerzo empírico y teórico que mostrara de qué manera la guerrilla soluciona los conflictos en las zonas rurales antes mencionadas. El aspecto empírico buscó proporcionar elementos concretos sobre el funcionamiento de la justicia, mientras que el teórico intentó releer los presupuestos del pluralismo de Boaventura de Sousa Santos a través de otros autores como P. Bourdieu, D. Garland, M.G. Villegas, F. González, entre otros. El objetivo disciplinar, por su parte, buscó responder a las corrientes monistas del derecho que aun hoy sostienen que la producción de derecho sigue siendo monopolio del Estado. Lo político, finalmente, parte de la necesidad de leer el contexto histórico que atraviesa y constituye al autor, procurando realizar un aporte mediante una interpretación de la realidad social en la que escribe. La justicia guerrillera hace parte de la realidad política que viven las poblaciones en estudio. A través de un discurso altamente politizado, unos procedimientos burocráticos flexibles, eficaces pero volátiles, a la par de un catálogo de penas que van desde el trabajo comunitario hasta la ejecución, las FARC se han encargado de construir la contracara del derecho estatal. En medio de la coyuntura de una posible desmovilización del grupo armado, nos proponemos indagar sobre sus prácticas de justicia.Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educació

La Investigación como recurso transformador del entorno

El Centro de investigaciones Socio-Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla presenta ante la comunidad académico-científica y ante la sociedad en general, esta obra denominada “ La investigación como recurso transformador del entorno”, en la cual se recogen una serie de aportaciones o contribuciones derivadas del esfuerzo individual y colectivo de sus autores, en los que es apreciable su aguda y crítica reflexión frente a problemáticas socio jurídicas relevantes, así como su apuesta decidida en la construcción de nuevos conocimientos que ensanchen las fronteras epistémicas de las diferentes disciplinas del derecho. Es de resaltar que en esta obra convergen una serie de capítulos que abordan aspectos desde diferentes áreas del conocimiento jurídico, permitiendo catalogar su perfil como no meramente monográfico, sino de un enfoque claramente interdisciplinar y multidisciplinar, y más allá de ello, posee el valor agradado de poner a dialogar las diferentes aportaciones, dando muestra de la transversalidad de sus contenidos. Y tal circunstancia, es justamente palpable en la posibilidad de englobar los debates planteados en núcleos temáticos genéricos y bien definidos como lo son: límites a la voluntades privadas y a las voluntades públicas, especialmente en materia de consumo y autonomía tributaria; Procesos políticos y partidistas, de construcción cívica, de pacificación y de justicia transicional; aspectos educativos, convivenciales y de formación en valores frente a las problemáticas derivadas de conflictos y dinámicas sociales. Haciendo una mirada panorámica de la obra en sus diferentes componentes y a la vez como un todo, es notorio el afán de sus autores en aportar nuevas y refrescantes ideas con relación a la institución o fenómeno que analizan, no solo desde un enfoque analítico descriptivo sino evidentemente propositivo, crítico y reflexivo, pugnás incluso contra el “statu quo jurídico” y enfático frente a la redefiniciones o caracterizaciones de conceptos tan problemáticos como populismo, paz, justicia transicional, conflicto, valores, el civismo, la política, entre otros. En forma concreta en el primer capítulo, se trata un tema de axial importancia en el marco del derecho privado, como lo es, el acuerdo de voluntades y su legitimación en los contratos de consumo, en el cual se pretende identificar el consenso de voluntades que se presenta en los contratos de consumo a partir de un análisis cualitativo de la interpretación de las normas sobre la materia. Siguientemente, en el capítulo segundo su autor trata de establecer cuáles son los límites a la libertad de configuración legislativa tributaria y especialmente en el tópico de las exenciones de impuestos en Colombia, a fin de verificar que en su establecimiento no se vulneren derechos como justicia social, equidad, progresividad, entre otros. En el capítulo tercero se abordan los catecismos cívicos y políticos como instrumentos para la construcción de ciudadanía, y no desde un enfoque religioso, sino la catequesis como herramienta educativa con fines de modelación social y política. En el capítulo cuarto, se analizan el proceso de paz, que se encuentra en etapa de implementación y su mecanismo de justicia transicional, a fin de establecer sus avances y logros. En el capítulo siguiente, Pabón Arrieta, también realiza un análisis de mecanismo justicia transicional representado hoy institucionalmente en la JEP (Jurisdicción Especial de Paz), pero desde una perspectiva de la filosofía política y social que la inspira. Otra contribución intelectual importante, es la compartida en el capítulo sexto por Ramírez Nárdiz, quien se adentra en las opacidades de la noción del populismo, para tratar de dar luz con sus propuestas de definición, caracterización y ejemplos a esta categoría conceptual. Por su parte en el capítulo séptimo, se expone que conflicto armando en Colombia, y en forma particular el flagelo del desplazamiento ha quebrantado de manera notoria en la calidad educativa de la población de niños, niñas y adolescente, produciendo cierta suerte de desescolarización de estas victimas tan sensibles. En el ítem octavo se analiza el recién expedido en Colombia Código Nacional de Policía y Convivencia, se paraleliza con el anterior código de policía, y se resalta su autonomía en el uso de ciertos principios, como la non reformatio in pejus frente al procedimiento administrativo general, entre otros principios. Finalmente, en el penúltimo capítulo, se examina los motivos por las cuales la formación ética no ha dado los frutos esperados en Latinoamérica y se exploran otras posibilidades para dicha formación, y en el último capítulo, desde un enfoque educativo particular, se busca comprender el logro del acompañamiento educativo derivado de la doctrina de San Ignacio de Loyola y señalar las principales características de la «cura personalis» (cuidado y preocupación por cada persona). De esta forma se entrega a la comunidad científica una obra de profundas connotaciones socio jurídicas y de gran valía para los estudiosos del derecho, que sin lugar a duda enriquece el espectro de la praxis y teoría jurídica por sus reflexiones o aportes derivados de investigaciones con acertado juicio valorativo y crítico

Tendencias contemporáneas del derecho procesal

Reflexionar sobre la necesidad de expedir un código procesal constitucional no obedece a un capricho o necedad, sino más bien a la imperiosa necesidad de: (i) asegurar legislativamente la garantía jurisdiccional de la Constitución; (ii) unificar los contenidos del derecho procesal constitucional (se obtiene orden, claridad y coherencia en la legislación procesal constitucional dar eficacia a la supremacía constitucional y a los derechos humanos; y, (iv) dotar a la justicia constitucional de seguridad jurídica. Las constituciones de nuestra época tienen características comunes, ya que consagraron instrumentos o garantías que permitan asegurar que el ordenamiento jurídico infra constitucional refleje el “linaje” constitucional, es decir, permiten expulsar del ordenamiento jurídico (o adaptarlo) aquellas disposiciones que atenten contra la sangre sagrada de la Constitución, o dicho de otra manera, permiten expulsar o declarar inexequibles las disposiciones inconstitucionales; pero adicionalmente han creado mecanismos procesales que permiten la efectividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución a título de protección o de reparación. Pues bien, pensar en incorporar un código procesal constitucional, no corresponde a una tarea quijotesca, como quiera que las constituciones iberoamericanas tienen desde el punto de vista procesal estructuras similares; claro, no se pretende imponer un único código para todos los países, pero si su intento de redacción, nos permitirá avanzar en un verdadero estudio de derecho procesal constitucional comparado, que nos permita identificar las identidades y diferencias de nuestros sistemas jurídicos y así avanzar en la implementación, corrección o modificación de los instrumentos encaminados a defender la Constitución. Consideramos que el aspecto procesal de una Constitución, es decir, los procesos que permitan imponer que el ordenamiento jurídico sea constitucional, así como los que obliguen a la eficacia de los derechos humanos, es lo que nos permita hablar de una verdadera Constitución y no de un “mera hoja de papel”. Es lo que hace que un país tenga Constitución1 . Debemos advertir que no se trata del primer intento de redacción de un código procesal constitucional, toda vez que ya se expidió uno en la provincia de Tucumán en Argentina en 19992 , por iniciativa del profesor Sergio Díaz Ricci3 , a quien debemos considerar como el precursor de las codificaciones procesales constitucionales, y otro en Perú, expedido mediante la ley 28237 de 20044 . En Colombia existen leyes y decretos reglamentando los procesos constitucionales. Igualmente, debemos recalcar que se trata de uno de los desafíos de esta disciplina, para su consolidación definitiva, tal como se concluyó en el primer congreso colombiano de derecho procesal constitucional realizado en Bogotá en 20105 , tendencia que también se evidencia en México, por iniciativa del profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor6 . Por ello resulta imprescindible realizar un breve análisis sobre las codificaciones procesales, con el fin de identificarlas, determinar su objeto, necesidad y antecedentes en experiencias similares, lo que impone adicionalmente, verificar los argumentos a favor y en contra de esta regulación, luego analizar la estructura que deberá seguir tal código y desarrollar las normas rectoras